# Fiscalía investiga presunto peculado en contratos de difusión de la Prefectura del Guayas
*La Fiscalía General del Estado investiga la adjudicación de tres contratos por 599 mil dólares firmados entre 2015 y 2016, con indicios de responsabilidad penal detectados por la Contraloría.*

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- Sección: Política
- Autor: Redacción
- Publicado: 2021-11-22T20:09:29.000Z
> La Fiscalía investiga peculado en la Prefectura del Guayas por pagos sin servicio en campañas de 2015-2016, según informe de la Contraloría.

## Las claves

- Fiscalía investiga presunto peculado por 599 mil dólares en contratos de difusión provincial.
- Contraloría detectó pagos sin entrega de servicios en adjudicaciones de 2015-2016.
- Caso se enmarca en ocho informes penales derivados de auditorías a 25 contratos del Gobierno Provincial.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación formal por el presunto delito de peculado en la administración de la Prefectura del Guayas durante la gestión del ex prefecto Jimmy Jairala. El caso se centra en la adjudicación de contratos para la difusión de campañas institucionales, firmados entre 2015 y 2016 bajo un régimen especial.

Según detalla un informe de la Contraloría General del Estado, existen indicios de responsabilidad penal en tres de los procesos contractuales. De este total, dos fueron adjudicados directamente a la empresa Kisserza S.A. por un monto de 538.164 dólares. La entidad fiscalizadora señala que se realizaron pagos sin evidencia comprobable de que los servicios de difusión fueran efectivamente entregados.

La investigación también apunta a Olga A., quien fungía como ex gerente de Inverguayas, la extinta empresa pública de inversiones constituida durante esa administración. Datos de la Superintendencia de Compañías revelan que Kisserza S.A. tiene su domicilio en un inmueble del centro de Guayaquil y está dirigida por una mujer de 73 años; además, se identifica a la hija de la gerente como contadora de la exfuncionaria provincial.

Esta investigación se suma a un panorama más amplio de auditorías realizadas por la Contraloría. En septiembre de 2021, el organismo hizo público que ocho informes con indicios de responsabilidad penal derivan del examen de 25 contratos del Gobierno Provincial entre 2014 y 2019, lo que mantiene bajo escrutinio las prácticas administrativas de la entidad en ese periodo.
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