Juez anula multa de USD 21 millones a Conorte por resolución de Prefectura del Guayas
La decisión judicial suspende el cobro tras la acción de protección presentada por la concesionaria vial, mientras la autoridad provincial busca terminar unilateralmente el contrato.
Un juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial Sur de Guayaquil, Dennis Ugalde Álvarez, resolvió el 8 de octubre de 2020 dejar sin efecto la multa de USD 21 millones que la Prefectura del Guayas había impuesto a la empresa Conorte S.A. La medida cautelar fue aceptada en respuesta a una acción de protección planteada por la compañía el 28 de septiembre, la cual argumentó una violación al derecho a la defensa. El abogado de la concesionaria, Joffre Campaña, confirmó la resolución judicial que suspende el pago de esta cifra millonaria.
La decisión del tribunal coincide con el inicio, por parte del Gobierno del Guayas, de un proceso para dar por terminado unilateralmente el contrato de concesión vial en la provincia. Este paso administrativo se ejecutó el mismo día en que Conorte S.A. interpuso su recurso legal. La prefecta Dalia Susana González Rosado había cuestionado previamente la gestión de las empresas, anunciando una auditoría sobre obras no realizadas y señalando que debían haber invertido USD 500 millones entre 2000 y 2020.
La disputa legal se enmarca en el contrato firmado en el año 2000 bajo la administración del entonces prefecto Nicolás Lapentti, mediante el cual se entregó el 74% de la red vial guayaquileña (986 kilómetros) a dos empresas: Conorte S.A. y Concesionaria del Guayas (Concegua S.A.). Ambas compañías, que comparten al accionista mayoritario Hidalgo & Hidalgo, facturan anualmente USD 131 millones por el mantenimiento y administración de las vías a través de estaciones de peaje.
Además de la suspensión de la multa principal, la Prefectura había impuesto sanciones previas por USD 3 millones el 15 de septiembre y por USD 25,8 millones el 24 de septiembre. La mayor parte de esta última suma correspondía a Conorte, cuyo pago queda ahora en suspenso. Mientras tanto, la Contraloría General del Estado mantiene un examen especial sobre las concesiones que debe concluir en 120 días, y el contrato fue ampliado hasta 2026 en noviembre de 2019.
